Con la aprobación del Punto de Acuerdo propuesto por la Diputada Martha Avila se busca proteger y conservar las áreas verdes urbanas.
En la Ciudad de México, el 20% del suelo urbano está cubierto por áreas verdes
Son las Alcaldías las responsables de la gestión, construcción, rehabilitación, preservación, protección y vigilancia de las áreas verdes.
A petición de la Diputada Martha Avila Ventura, el Congreso de la Ciudad de México exhortó a las 16 Alcaldías, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente local, a diseñar e implementar de manera urgente programas de saneamiento del arbolado urbano, así como a destinar recursos presupuestales para atender posibles problemas con las áreas verdes urbanas.
Con la aprobación del Punto de Acuerdo, propuesto por la Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA, también se llama a las Alcaldías a presentar un informe pormenorizado de la salud del arbolado urbano que se ubica en sus demarcaciones, así como de las acciones que han realizado para el manejo fitosanitario.
Durante su intervención en tribuna, la Diputada local por el Distrito 28 en Iztapalapa planteó la necesidad de proteger, conservar e incrementar las áreas verdes urbanas, “pues desempeñan una función esencial para conseguir el derecho humano de toda persona a un medio ambiente sano”, que se establece el Artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de México.
Por otro lado, Avila Ventura explicó que corresponde a las Alcaldías la gestión de los parques y jardines; plazas jardinadas o arboladas; jardineras; zonas con cualquier cubierta vegetal y alamedas.
Del mismo modo, expuso, recae en las demarcaciones la construcción, rehabilitación, administración, preservación, protección, restauración y vigilancia de las áreas verdes.
Cabe señalar que en la Ciudad de México, el 20% del suelo urbano está cubierto por áreas verdes, de las cuales el 56% son zonas arboladas y el resto son zonas con pastos y/o arbustos.
La calidad de estas áreas puede verse afectada por la plaga del muérdago, el derribo de árboles sin autorización, el derribo de árboles por obra pública, podas mal realizadas o desmoches, así como la afectación por plagas o vandalismo en los árboles.